miércoles, 26 de noviembre de 2014

Jurisprudencia del TC

En esta oportunidad trateramos acerca de dos sentencias importantes relacionados: al expresidente Aberto Fujimori Fujimori y sobre el Tráfico ilícito de drogas, como otro tema.

I. Sentecia sobre caso del ex-presidente Alberto Fujimori Fujimori:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/01518-2006-HC%20Resolucion.html

      Esta sentencia, en particular, me parece interesante porque el Tribunal Constitucional al ser el órgano supremo de interpretación y control de la constitucional, demuestra que cumple con su deber de imparcialidad, ya que ambas partes son 'importantes' en cuanto al apoyo jurídico que presentan.

       En la actual sentencia se demuestra que la parte demandante (Gregorio Fernando Parco Alarcón, en representación de la Federación Regional de Abogados de Ica) interpone una demanda de hábeas corpus contra Alberto Kenya Fujimori Fujimori.  Aduciendo que se le vulnera los derechos a la libertad individual, a la libertad de tránsito, obtención de declaración forzada, detención arbitraria y vulneración del debido proceso; alegando - además - que viene siendo injustamente perseguido por sus enemigos políticos, sin que se le brinde derecho a la defensa y sin tomar en cuenta que es una persona con garantía patrimonial, profesional y con méritos políticos suficientes para regresar al Perú y postular a la máxima magistratura de la República.

       El Tribunal Constitucional obta por la decisión de que el recurrente no presenta los medios probatorios adecuados, además de no precisar cuál es el acto u omisión que vulneran sus derechos.

II. Sentencia sobre Tráfico Ilícito de Drogas:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03154-2011-HC.html 

               La sentencia me parece atractiva, por el hecho de que toda persona puede ejercer  libremente su derecho a la tutela jurisdiccional cuando se considere que se le está vulnerando un derecho, cosa contraria es que después de realizarse todas las investigaciones se llegue a determinar la existencia o no de una vulneración a un determinado derecho; ejerciendo  la entidad competente la potestad de emitir una fallo.

 La sentencia citada fue interpuesta por Jean Philippe Cayro por haber sido detenido el 5 de julio de 2003 por efectivos de la Dinandro sin que se le informe de las razones de la detención, siendo sometido a torturas continuas.  

El Juzgado que ve el caso declaró infundada la demanda considerando que en el proceso penal cuestionado no se advierte afectación a los derechos del favorecido y que no puede admitirse que el proceso constitucional sea considerado como una suprainstancia capaz de revisar lo actuado en sede ordinaria.

 

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